En la jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria la marcha de un río de gente, tanto pequeños como mayores, ha discurrido desde la Pza de la Villa hasta la Puerta del Sol.

Reivindican al gobierno de la Comunidad de Madrid la calidad de una educación alejada de la privatización como solución. Entre banderas, silbatos y pancartas han reclamado por un aumento de recursos humanos y materiales en la educación pública.

Frente a la crisis, más y mejor educación pública ha sido el lema que portaba la pancarta que encabezaba la movilización. El presupuesto del gobierno regional destinado a la educación ha sido drásticamente recortado bajo justificación de la crisis. Sin embargo, el destinado a las escuelas concertadas incrementa. Desde el año 2000 se han cedido 65 parcelas de la Administración pública para centros concertados. Recientemente se ha producido la concesión de 24.000 metros cuadrados de suelo público al Opus Dei para la construcción de un colegio cuyas aulas separaran a niños y niñas. Pancartas con mensajes como “Escuelas clasistas dividen ciudadanía” o “Stop concesión de Suelo público” han clamado por una escuela laica, pública y de calidad.

Por cada uno de esos conceptos les concede cero, medio o un punto. Pasados dos años y medio de implantación de la Ley de Dependencia se observa cómo algunas han ido haciendo los deberes mientras que otras siguen estancadas. Murcia está en la peor situación de todas, ha caído de un 2 a un 0,5: es la única comunidad que aún no ha desarrollado una normativa apropiada para implantar esta ley. La asociación se planteó quitar ese criterio porque ya todas las autonomías lo han satisfecho y posiblemente lo hagan en la siguiente evaluación. De haberlo hecho, la comunidad murciana habría estado por debajo del cero.

“Nos preocupa, en todo caso, la situación de las cuatro últimas, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia, porque no sólo siguen figurando en los mismos lugares, sino que apenas mejoran su calificación, evidenciando algo más que problemas técnicos o de financiación”, dijo ayer el director de esta asociación, José Manuel Ramírez. “Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables ni especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas”, añadió. A su parecer, “las comunidades que tienen una mejor coordinación con los ayuntamientos, encargados desde hace 30 años de los servicios sociales, son las que mejores resultados obtienen, las que más ayudas están prestando ya”.

En esta evaluación se han corregido algunas desviaciones del informe anterior. Se restaña un error que afectaba a Castilla-La Mancha, que sí utiliza profesionales de los servicios sociales básicos para elaborar los informes sobre las personas que solicitan una ayuda (ha pasado de un 6 a un 7,5) y se recoge la existencia de normativa específica en Cataluña que, a pesar de todo, no consigue mayores progresos que un 5,5.

La asociación valora la oportunidad que se presenta con el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social para mejorar la coordinación sociosanitaria. Entiende que es necesaria en muchos casos, por ejemplo cuando se trata de enfermedad mental, pero recuerda que llevar esta ley por completo al territorio sanitario es inviable: “Muchas de las personas que son dependientes no están enfermas ni usan los servicios médicos más de lo que lo haría cualquier persona. Lo que sí necesitan son apoyos sociales, o sociosanitarios, pero dentro de los servicios sociales que son los que deben constituir el cuarto pilar del Estado de bienestar, no la Ley de Dependencia, como se ha vendido en tantas ocasiones”, opinó Ramírez.

La localidad malagueña de Estepona dispone de un nuevo complejo residencial para atender a personas con discapacidad psíquica perteneciente a Aprona (Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Estepona). Para su construcción y equipamiento, la Consejería de Asuntos Sociales ha destinado 993.178 euros. Las nuevas instalaciones dispondrán de un servicio de atención temprana que asistirá a 42 niños hasta los 4 años en régimen ambulatorio; un centro de educación especial, que atenderá a 23 niños en edad escolar en régimen de media pensión; una unidad de estancias diurnas que acogerá a 20 personas mayores de 16 años gravemente afectadas en régimen de media pensión, 10 de ellas concertadas con la Administración autonómica; una residencia con 51 plazas de capacidad, de las cuales 30 están concertadas con la Consejería de Asuntos Sociales; y un centro ocupacional con una capacidad de 105 plazas, 71 de las cuales están concertadas con la Junta.

manifestación en valencia

Maite Ducajú, Valencia
La enseñanza ha sido un sector muy convulso en la Comunitat Valenciana, de siempre. Este curso le ha tocado al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, aguantar una huelga y manifestaciones multitudinarias, pero no ha sido el único. Ahora y antes, los profesores no han dudado en perder salario para defender ideales o sus intereses retributivos. De esto saben mucho otros políticos que le precedieron en el cargo. Del Partido Socialista y del Popular. Ciprià Císcar soportó tres meses de paros; Joan Romero tenía un día sí y otro, también, un colegio protestando a las puertas de su departamento. En contraposición a Fernando Villalonga y el PP, nació la Plataforma en Defensa per l’Ensenyament Públic cuyo caballo de batalla fue el mapa escolar.
De órdago se pueden calificar las movilizaciones de este curso protagonizadas por diversos colectivos contra la política educativa del Consell. Han ido en aumento y han culminado en una huelga. El detonante fue la orden del 10 de junio de 2008 por la que se obligaba a los centros a impartir la nueva asignatura de Ciudadanía en inglés.
Pero en los cinco años que lleva el mando de la conselleria de Educación, Alejandro Font de Mora consiguió mantener el pulso hasta el curso pasado.
Del pacto social que firmó con todos los sindicatos nada más llegar al cargo en 2004, al conficto continuo están el cambio a un Gobierno socialista en España y la puesta en vigor de la Ley Orgánica de Educación de 2006.
“Estrategia política”
“El giro experimentado por la conselleria se debe a una estrategia política. Se utiliza la educación como argumento para endurecer la postura de enfrentamiento con el Gobierno y en las mesas de negociación o en los órganos de participación”, explicó Albert Sansano, miembro del STE-PV.
Así, se han dado concentraciones por el nivel 24 de maestros adscritos a la ESO, en 2003 y 2004, que suponía una diferencia salarial de cien euros ca favor de los profesores de Secundaria; protestas en Alicante y Valencia en favor de unas red de escuelas infantiles de 0 a 3 años de la Generalitat; por la constitución y provisión de los servicios de prevención y salud laboral den la escuela; de profesores de Tecnología y de los de Informática, con movilizaciones hasta lograr recientemente el compromiso de crear departamentos en cada institutos, recuerdan en la Federación de Enseñanza de CC OO.
“El periodo de Font de Mora no ha sido más conflictivo que otros porque se han dado acuerdos, aunque no se han cumplido hasta este año, como el pago de complementos a directores por problemas en Hacienda”, indica el secretario general de esta federación, Miguel Ángel Vera.
Sin duda, el periodo más conflictivo fue el de Ciprià Ciscar, entre 1982 y 1989. A él le tocó asumir las transferencias en materia educativa. En 1988, tuvo en la calle constantemente a profesores y alumnos. Los docentes protagonizaron una huelga y, en esta ocasión, con unanimidad sindical, de marzo a mayo.
Tres meses de paros en 1988
Fueron tres meses de paros para reivindicar aumento retributivo y la homologación salarial. Otros consellers socialistas, como Andreu López (1991-93) y Joan Romero (1993-1995), no lo tuvieron mejor. En esas etapas hubo enfrentamientos con los directores, que incluso amenazaron con no matricular; por los reglamentos orgánicos de centros, porque se pedía más libertad organizativa; por la estabilidad laboral de los interinos…
“Pero no se puede comparar la época de Císcar con las protestas de ahora”, matiza el secretario general de la FETE-UGT, Guillermo Martí. “Fueron momentos convulsos. Era otra época. Ahora la inversión va a los grandes fastos y no a la enseñanza y no se ataja el fracaso escolar. Son modelos educativos distintos”,añade.
Ganadas las elecciones autonómicas por el PP en 1995, las protestas se encaminan a la petición de mejores infraestructuras educativas. Se elabora un mapa escolar distinto al de Romero. Fernando Villalonga vio cómo se creaba la Plataforma en defensa de la enseñanza pública para arremeter en la calle contra su política, sobre todo por la apuesta que se producía hacia la enseñanza concertada.
Durante estos años, el resto de responsables de Educación, casi a uno por año -Marcela Miró, Francisco Camps, Manuel Tarancón y González Pons-, hasta Font de Mora, no se han librado de las protestas: Contra el apoyo del PP a la enseñanza privada y religiosa, los barracones, los libros de texto con censura, los conciertos a centros con separación por sexos o la falta de líneas en valenciano, entre otras tantas.

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